1Registrar placas con sus partes de hardware y software
Cada placa se crea con microcontrolador, SDK, bootloader y versiones de firmware, incluido el proveedor del chip.
Quien fabrica placas o dispositivos con microcontroladores, firmware e interfaces comercializa productos con elementos digitales. El Reglamento de Ciberresiliencia exige transparencia sobre el software y los bloques criptográficos, aunque procedan del proveedor del chip.
Un fabricante de electrónica desarrolla placas que acaban en dispositivos de varios clientes OEM. El microcontrolador trae un SDK del fabricante del chip, el bootloader procede de un diseño de referencia y la biblioteca criptográfica se integró hace años y nunca se volvió a tocar.
Los clientes OEM piden ahora SBOM, periodo de soporte y proceso de vulnerabilidades, porque ellos mismos están sujetos al CRA. Sin una visión limpia por placa y versión de firmware, cada solicitud se convierte en una búsqueda.
SDK, bootloaders, bibliotecas: todas las partes de software de una placa deben conocerse y documentarse.
Los métodos y bibliotecas criptográficas utilizados pertenecen a una CBOM, también con vistas a requisitos futuros.
Los chips descatalogados afectan a la capacidad de actualización y al periodo de soporte y deben detectarse pronto.
Los clientes necesitan evidencias que puedan incorporar a su propia documentación CRA.
Cada placa se crea con microcontrolador, SDK, bootloader y versiones de firmware, incluido el proveedor del chip.
Las bibliotecas y métodos criptográficos se gestionan junto a los componentes de software. La comprobación de fin de vida del hardware avisa cuando se descataloga un componente.
Para cada placa se crea un informe con componentes, evaluaciones y periodo de soporte que sus clientes pueden reutilizar directamente.
Responde a las solicitudes OEM con una exportación en lugar de una investigación, y detecta pronto cuándo un chip descatalogado o una biblioteca criptográfica antigua pone en peligro su compromiso de soporte.
ProductShield apoya la estructuración técnica, el análisis de riesgos y la documentación. La evaluación jurídica final no se realiza automáticamente y debe complementarse, si procede, con asesores especializados u organismos de evaluación.
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